Institución pública
Tienes la declaración.
Lo que falta
es la gobernanza.
Real Decreto 1112/2018 · Cumplimiento verificable
La declaración de accesibilidad no es el destino. Es el punto de partida. Sin el sistema que la sostiene —responsables designados, evidencias documentadas, protocolo de quejas activo— la declaración es un trámite sin respaldo legal real ante reguladores.
Normativa
Lo que te exige la norma.
Con exactitud.
| Norma | Obligación concreta | Estado típico de riesgo |
|---|---|---|
| RD 1112/2018 | Declaración de accesibilidad publicada, canal de reclamaciones operativo, responsable de accesibilidad institucional designado. | Declaración activa · Canal huérfano |
| CDPD art. 9 y 13 | Garantizar el acceso universal a la información pública, la justicia y los canales gubernamentales electrónicos. | Incompatibilidad en sedes electrónicas |
| WCAG 2.1 AA | Cumplimiento técnico de las pautas de accesibilidad para la información y los servicios web del sector público. | Falta de revisiones técnicas reales |
| Ley 39/2015 | Procedimiento administrativo común accesible. Trámites electrónicos utilizables de forma autónoma. | Formularios sin etiquetas descriptivas |
Metodología
Cuatro pasos para pasar
de la declaración a la gobernanza.
Diagnóstico de Madurez
90 minutos de trabajo para identificar tu nivel (N1, N2, N3) y delimitar el mapa de riesgos y obligaciones institucionales específicas.
Auditoría Triple
Inspección pormenorizada: organizacional (procesos), digital (WCAG 2.2 de sedes y portales) y comunicacional (discurso oficial).
Diseño de Gobernanza
Designación formal del responsable, estructuración de canales de quejas activos y redacción del sistema de trazabilidad de evidencias.
Estrategia a 12 meses
Planificación con hitos de revisión, capacitación de personal y métricas de desempeño para operar de manera autónoma.
María Jesús Rebolledo Silva
Abogada especializada en accesibilidad institucional. Máster en Criminología por la Universitat de Barcelona. Autora del modelo MIRGED®, que auditó 12 sistemas estadísticos en Chile, España y Argentina bajo los estándares de la Convención de la ONU.